“No está prohibido tener una sociedad en un paraíso fiscal, pero todos los rendimientos que genere han de tributar en España” – Elvira Rodríguez (presidenta de la CNMV).

Tras el revuelo causado por los llamados Papeles de Panamá, hemos oído insistentemente esta misma cantinela por parte de afamados periodistas y/o tertulianos, además de por políticos y expertos varios, incluso como en este caso por parte de altas autoridades del Estado. Es legal. No pasa nada, cualquiera lo puede hacer. Solo tienen que declarar y tributar por los rendimientos obtenidos. Hasta el Ministro de Economía opina así. ¡el mismísimo Ministro de Economía!

Para cualquier contribuyente con ciertos conocimientos del sistema fiscal español, y de cómo funcionan y para qué se utilizan los paraísos fiscales, resulta indignante escuchar tales manifestaciones realizadas reiteradamente con total impunidad por altos dirigentes de este país.

Veamos detenidamente las dos cuestiones básicas: la “legalidad” de tener sociedades en paraísos fiscales y la “declaración obligatoria” de los rendimientos obtenidos.

Recordaremos los que tenemos cierta edad que fumábamos en el cine, en el restaurante, en el avión, en la discoteca… hasta en los hospitales fumábamos. Era legal. Y como era legal lo podíamos hacer. Hasta que dejó de ser legal. Así de sencillo, un día nos levantamos con que lo que siempre se había hecho había pasado a ser ilegal.

Es cierto que es legal tener sociedades en paraísos fiscales, no cabe duda. Pero si todos sabemos que “no es bueno” tener sociedades en paraísos fiscales, lo que se debe hacer es ilegalizarlo. Como el fumar. Es decir, que algo sea legal o no depende de que exista interés político en legislar en uno u otro sentido, no significa en ningún caso que lo legal sea bueno ni positivo. La cuestión sería, entonces, por qué es legal tener sociedades en paraísos fiscales.

La respuesta es clara, es legal porque quienes directa o indirectamente nos gobiernan -léase las grandes entidades financieras, multinacionales y magnates de todo pelaje, sin olvidar los dirigentes políticos y gobernantes, que también los hay- son los mismos que se aprovechan de esos territorios para sus “negocios”.

Conviene recordar que todos los residentes en España -sean personas físicas o jurídicas, españoles o extranjeros- están obligados a tributar en España por la totalidad de las rentas obtenidas en cualquier lugar del mundo. Esta premisa es básica en nuestro ordenamiento tributario. A través de la firma de convenios bilaterales con multitud de países, la Agencia Tributaria española puede controlar el cumplimiento de tal obligación. Evidentemente, sin la existencia de esos convenios que garantizan el intercambio entre países de la información con trascendencia tributaria, la mayoría de tales rentas quedarían sin tributar; como mínimo, quedaría a criterio de cada contribuyente si las declara o no. Si no le van a coger… ¿usted qué haría? ¿tributar?

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Y es aquí donde cobra relevancia lo que denominamos paraíso fiscal, que, a los efectos de este comentario, no es más que un territorio que no colabora con el fisco de ningún país. Ese y no otro es el motivo de tener una sociedad en las Islas Vírgenes: la ocultación.

Tan oculto que ninguno de los implicados sabe dónde están esas islas. Si el motivo principal de tener una sociedad en paraísos fiscales es la ocultación, que nuestras autoridades confíen en que se van a declarar los rendimientos obtenidos es una muestra más de su alto nivel de incompetencia.

Si el propietario de una sociedad ubicada en paraísos fiscales se dedica a tributar por todas las operaciones realizadas y los rendimientos obtenidos, el coste fiscal sería desorbitado puesto que el sistema tributario penaliza la tenencia de este tipo de sociedades, exigiéndole una mayor información y tributación. Por eso causa sonrojo escuchar a algunos de los implicados en el caso Panamá dejar bien claro que “está todo declarado, no ha habido fraude”.

Si está todo declarado, ¿para qué tienen sociedades en paraísos fiscales? O son muy tontos, o nos toman por tontos. Y tontos no son.

En definitiva, esperar que los afortunados poseedores legales de sociedades radicadas en paraísos fiscales hayan declarado y tributado por sus operaciones y rendimientos, es depositar una confianza en determinados contribuyentes que no resiste la mínima comparación con el nivel de control que se ejerce sobre los desgraciados que no llegamos a ese nivel y que somos la inmensa mayoría. Esperaremos a que algún día el Ministro de Economía nos confirme que las sociedades que aparecen en los Papeles de Panamá son contribuyentes habituales de la Hacienda española.

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