Los plazos de prescripción tributaria de los documentos privados son siempre objeto de controversia. De hecho, nuestro primer «caso» en el Despacho tuvo que ver con la institución de la prescripción. Apenas habían pasado unos meses desde que iniciamos la actividad profesional como Asesores Fiscales en 1995 cuando un cliente requiere nuestros servicios tras recibir una notificación de liquidación tributaria que le reclamaba el pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) por importe de unas 200.000 pesetas.

Tal liquidación se debía a una operación de compraventa de vivienda realizada en 1981 en contrato privado. En 1994 el comprador decide regularizar la situación del inmueble y presenta la correspondiente liquidación del ITP sin realizar ingreso alguno, alegando que había ganado la prescripción, es decir, había prescrito el derecho de la Administración a liquidarlo por haber transcurrido más de cinco años desde que se había realizado la operación (actualmente la prescripción se gana por el transcurso de cuatro años). Evidentemente, la Administración Tributaria entendía que la fecha del documento privado no la vinculaba, puesto que los documentos privados no adquieren eficacia ante terceros (no ganan la prescripción) hasta que se incorporan o inscriben en un registro público, o se entregan a un funcionario público por razón de su oficio. Es decir, para la Administración Tributaria la fecha de la operación era la fecha de presentación de la liquidación en sus oficinas en 1994, no 1981 como constaba en el contrato. Por tanto, no había prescrito su derecho a liquidar.

Examinados los documentos y analizada la legislación, la doctrina y la jurisprudencia aplicable al caso, parecía claro que la Administración llevaba la razón. Ni en la forma (el procedimiento seguido) ni en el fondo del asunto había motivo para un recurso. No había transcurrido el plazo de prescripción.

Sin embargo, durante el examen de la documentación observamos que los dos intervinientes en la operación, el comprador y el vendedor, eran personas de avanzada edad ya en 1981. Como entre la legislación examinada habíamos constatado que el Código Civil considera la fecha de fallecimiento de cualquiera de los intervinientes en un documento privado como la fecha a partir de la cual adquiere eficacia ante terceros, preguntamos a nuestro cliente y averiguamos que el vendedor del inmueble había fallecido en 1986. Así que, finalmente, sí había motivo para recurso: la compraventa se había realizado, a efectos de terceros, en 1986. Como el asunto estaba claro, mantuvimos una entrevista personal con el técnico de Gestión Tributaria que firmaba la notificación, quien desconocía la regulación del Código Civil y lo único que acertó a decir fue que recurriéramos y ya si eso veríamos… Afortunadamente, el recurso fue estimado y se declaró la prescripción tributaria del controvertido documento.

Fue una buena ocasión para entender que el sistema tributario no se limita a la legislación tributaria propiamente dicha, sino que existen numerosas normas y regulaciones que, sin ser específicamente tributarias, influyen decisivamente en la aplicación, comprobación y gestión de los tributos. De ahí nuestra recomendación: acuda siempre a profesionales titulados y colegiados, y contraste la información que le faciliten. No es una garantía de éxito, es una garantía de obtener la mejor defensa posible de sus intereses.

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