Hoy realizamos un comentario crítico en relación al desprecio hacia el contribuyente que se manifiesta con el incumplimiento reiterado de los plazos para resolver de que dispone la Administración en general, y el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) en particular.

De todos es sabido que los procedimientos administrativos, y el procedimiento tributario en particular, están sujeto a la dictadura de los plazos, de tal forma que el ciudadano contribuyente no solo debe cumplir con los plazos establecidos para la presentación de las distintas declaraciones o autoliquidaciones, sino que si se viera envuelto en algún procedimiento de verificación, comprobación o inspección, debe tener mucha cautela con los plazos otorgados para atender requerimientos, presentar documentación, realizar alegaciones o recurrir las liquidaciones que le afecten, puesto que la consecuencia no es solo una sanción más o menos onerosa; además, perderá su derecho a reclamar en caso de no hacerlo dentro del plazo establecido, deviniendo firmes las resoluciones y liquidaciones. En definitiva, un solo día de retraso puede acarrear importantes consecuencias para el contribuyente. Sin embargo, es habitual que la Administración incumpla reiteradamente sus plazos de resolución, sobre todo los plazos cuyo incumplimiento por su parte no derivan en beneficios para el contribuyente, como es el caso de los plazos para resolver un Recurso de Reposición ante el órgano que dictó el acto impugnado o una Reclamación Económico Administrativa ante el TEAR.

Centrándonos en el caso del Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR), la norma dispone el plazo de UN AÑO para resolver sobre el asunto que se plantee en una Reclamación Económico Administrativa. Nótese que mientras el contribuyente dispone de UN MES como máximo para presentar la Reclamación con sus alegaciones (plazo que se puede alargar, en el caso del procedimiento general, por el tiempo que transcurra hasta la puesta a disposición del expediente), la Administración dispone de 12 veces más tiempo para resolver sobre un asunto que, en teoría, ya viene “masticado” de los órganos inferiores.

Pues bien, parece ser que el plazo de 12 meses no es suficiente, ni siquiera 24. Tampoco resulta suficiente un plazo de 36 meses.

Sabemos de contribuyentes que llevan TRES AÑOS esperando por distintas resoluciones del TEAR. Mientras tanto, los afectados han tenido que pagar las liquidaciones que han recurrido, y los que no han podido hacer frente a la deuda liquidada han visto embargados sus ingresos, créditos y bienes, dejándoles sin posibilidad de funcionar y operar con normalidad.

En posteriores entradas del Blog contaremos alguno de estos casos pendientes de resolución. No nos cabe ninguna duda de que finalmente los Fallos del Tribunal serán estimatorios de las reclamaciones presentadas, pero una resolución favorable no lo es tanto si llega tarde y la empresa afectada ha tenido que cerrar sus puertas por imposibilidad de funcionar con normalidad porque Hacienda le mantiene embargados sus ingresos.

CONTACTO EUROMERIDIANO

Lamentablemente, si las consecuencias de tan prolongado retraso recaen principalmente sobre los contribuyentes afectados, los profesionales del asesoramiento tributario también nos vemos afectados. Convencer a un cliente de que se han hecho bien las cosas y que es Hacienda la que se equivoca no siempre es fácil, depende de la confianza que se deposite en nosotros. Lo que pasa es que la confianza disminuye mucho cuando afecta gravemente al bolsillo de cada uno.

Es verdad que transcurrido el plazo de un año el contribuyente puede dar por desestimada su reclamación al objeto de interponer el recurso Contencioso Administrativo ante los Tribunales de Justicia, pero en la práctica eso supone mayor coste y más tiempo de espera, porque hay que acudir con abogado y la Justicia no es más rápida que el TEAR. No recomendamos esta opción a nuestros clientes entre otras cosas porque supone recurrir a los Tribunales de Justicia sin conocer la resolución definitiva de la Administración ni la motivación de la supuesta desestimación, lo que podemos llamar recurrir a ciegas. Incluso puede suceder que una vez presentado el Contencioso Administrativo, y antes del producirse el fallo judicial, se produzca una resolución estimatoria del TEAR, por lo que habremos incurrido en nuevos gastos sin necesidad.

La solución es bien sencilla, depende únicamente de si hay voluntad o no para aplicar las medidas necesarias que no eternicen un procedimiento.

Es una cuestión de respeto al ciudadano que sufre las graves consecuencias de una lentitud intolerable. Respeto que se le debe aunque solo sea porque incumplir los plazos, a los ciudadanos, no nos está permitido.